European Eye on Radicalization
Han pasado menos de dos semanas desde que el presidente de Túnez, Kais Saied, rompió el bloqueo en el que se encontrada el país invocando el artículo 80 de la Constitución y utilizando los poderes ejecutivos que la misma le otorga para destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, cuyo Gobierno estaba respaldado por el Partido Ennahda, la versión local de la Hermandad Musulmana.
La decisión del presidente Saied fue acogida con cautela por muchos de los activistas por la democracia que hicieron la revolución original en Túnez en 2011, y por muchos periodistas, que habían estado sintiendo presión a medida que el Gobierno islamista se consolidaba en el país. A pesar de las acusaciones de Ennahda y sus partidarios de que Saied estaba involucrado en un «golpe», la destitución de lo que había sido un Gobierno crónicamente disfuncional, corrupto y cada vez más brutal fue bien recibido por una abrumadora mayoría de tunecinos, un 87% de ellos, según una encuesta.
El presidente Saied ha suspendido brevemente el Parlamento mientras intenta restablecer un sistema político que estaba fuera de control. Una de las medidas que tomó Saied fue despedir al director general de servicios especiales de inteligencia del Ministerio del Interior, Lazhar Loungo, y reemplazarlo por Muhammad Cherif. Las fuerzas de seguridad dominadas por Ennahda habían participado en ataques contra manifestantes civiles durante el esfuerzo de meses, que comenzó en enero, para exigir al Gobierno una rendición de cuentas. Loungo está ahora bajo arresto domiciliario. Se han tomado medidas firmes contra otros que intentan descarrilar este proceso de transición.
Una razón por la que las afirmaciones de ilegalidad de Saied han sonado tan vacías, aparte del hecho de que por ahora, solo los islamistas locales y la Turquía autocrática en el extranjero las están haciendo, es porque, como explicó Amine Ben Naceur, que estudia las transiciones democráticas, “El árbitro de la legalidad [del artículo 80], así como el órgano responsable de su terminación, es el tribunal constitucional. Este tribunal aún no existe». El intento de crear un régimen legal posrevolucionario ha estado en marcha desde al menos 2014, y en todo ese tiempo Ennahda ha tenido un papel dominante sobre el Estado. En resumen, las afirmaciones de ilegalidad de los islamistas se caen por sí mismas y solo llaman la atención sobre los fracasos de su Gobierno que llevaron a Túnez a este punto.
Como señaló Naceur, quienes sostuvieron una analogía con Egipto en 2013 se equivocaron bastante, el ejército de Túnez se mantiene al margen de la política, y el consenso sobre este nuevo camino a seguir atraviesa las instituciones más poderosas de Túnez, desde el ejército hasta los sindicatos, lo que significa que cualquier esfuerzo por instigar el derramamiento de sangre como lo hizo la Hermandad después de su caída en El Cairo probablemente no tendría éxito. Socavando aún más la posibilidad de disturbios, este consenso ahora parece tan fuerte que incluye a los propios islamistas.
Rashid Ghannouchi, el líder de Ennahda, envió un mensaje el 4 de agosto diciendo a sus partidarios que no debían luchar para revocar la decisión de Saied, sino más bien deberían verlo como “una etapa de la transición democrática”. Esta es una oportunidad para la reforma, dijo Ghannouchi. Turquía, cuyo presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan, no llegó a calificar el decreto de Saied de «golpe» -el portavoz de Erdogan dijo que Ankara estaba preocupada por «la suspensión del proceso democrático»- parece haberse reconciliado con el rumbo trazado por Saied, eliminando la mayor amenaza de inestabilidad del exterior.
Después del ruido y la furia de los primeros días, parece que el experimento democrático más maduro de la primavera árabe ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias: la corriente principal de Túnez pudo consolidarse lo suficientemente rápido como para marginar las voces extremistas, y ahora existe la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo, habiendo aprendido de errores anteriores.
