La percepción de la amenaza del terrorismo yihadista, que acecha en diferentes países de la Unión Europea (UE) y en el mundo entero, ha experimentado una importante evolución en los últimos tiempos. Esto ha modificado la perspectiva de los gobiernos en torno a las respuestas adecuadas para enfrentar el problema.
La derrota del Estado Islámico (Daesh) en Siria e Irak ha provocado un viraje en la preocupación fundamental de los Estados Miembros de la UE. Si antes estaban más preocupados por la radicalización interna y porque sus ciudadanos dejen el país para incorporarse a las filas de grupos terroristas, ahora lo están por el regreso de estos ciudadanos a sus países de origen y por la amenaza que suponen para la seguridad nacional y la cohesión social.
Las recientes noticias de los medios de comunicación, sobre ciudadanos europeos pertenecientes a grupos armados en zonas de conflicto –concretamente Siria– que regresan a sus países, han desencadenado un amplio y controvertido debate. Esto no solo ha dividido a la opinión pública sino también a los gobiernos, con diversos sectores presionando a favor de distintas soluciones en cuanto a la forma más apropiada de gestionar estas repatriaciones, o sobre si deberían permitirles regresar y conservar su nacionalidad.
El Gobierno español está entre aquellos a los que les ha sido encomendada la tarea de desarrollar herramientas adecuadas y comunicar sus necesidades para hacer frente a este fenómeno. Los resultados de estos esfuerzos se han traducido en la reciente Estrategia Nacional Contra el Terrorismo (ENAT), publicada el 22 de febrero de 2019.
Por primera vez se identifica el retorno de terroristas de zonas de conflicto como uno de los principales riesgos que el Estado debe tener en cuenta al aplicar la política antiterrorista española.
Actualmente, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior español, al menos 230 personas procedentes de España, ciudadanos o residentes –principalmente de Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña– viajaron a las áreas de conflicto y se unieron a varios grupos yihadistas. Aproximadamente el 25% perdió la vida allí y un 20% regresó, con lo cual se están gestionando o dando seguimiento a alrededor de cincuenta casos puntuales.
En virtud de la recientemente dictada ENAT, estos repatriados forman parte del grupo que representa el mayor riesgo, debido a su instrucción y adoctrinamiento, y frente a la posibilidad real de que inciten, recluten o apoyen atentados terroristas dentro de las fronteras nacionales. La respuesta principal apunta a intentar controlar y monitorear a estas personas mediante vigilancia, enjuiciamiento y prisión.
La estrategia española para tratar el fenómeno de los repatriados ha sido desarrollada anteriormente en el Plan Estratégico Nacional (PEN-LCRV), ya analizada en EER, a través de la cual se intentó prevenir y combatir la radicalización, centrándose en el monitoreo y evaluación del riesgo de las personas. Esto se confió a las fuerzas de seguridad españolas junto a los grupos locales de prevención y a la página web Stop Radicalismos (www.stop-radicalismos.es) donde la sociedad civil puede alertar a las autoridades sobre posibles casos de radicalización.
Parte de la estrategia española contra la radicalización incluye una política penitenciaria. Se ha prestado especial atención a la prevención y combate del radicalismo en las cárceles, y el fenómeno de los repatriados ejerce presión en este ámbito. En muchos países de Oriente Medio y su entorno, las prisiones se han convertido en un terreno fértil para los extremistas islámicos. Si España logra encarcelar a repatriados peligrosos enfrentará luego el problema de evitar que éstos radicalicen a otros reclusos. Es decir que esto se suma los esfuerzos en curso por conseguir un proceso de desradicalización y desvinculación para los reclusos ya radicalizados.
En los últimos años en España, la población vinculada con el terrorismo yihadista en las cárceles ha experimentado un crecimiento exponencial debido a la creciente competencia de las fuerzas de seguridad antiterrorismo. Los individuos condenados, o ya en prisión, por crímenes relacionados con terrorismo yihadista sobrepasan los 130 y están distribuidos en treinta cárceles.
La política en los centros penitenciarios ha sido aplicada en España bajo el Programa Marco para combatir la radicalización. Los datos disponibles muestran que 41 internos han participado en el programa desde que fue lanzado en 2017. Trece de ellos continúan activamente involucrados, diez han completado el programa satisfactoriamente y dieciocho lo han abandonado por varias razones, ya sea porque fueron puestos en libertad, transferidos a otros recintos penitenciarios, expulsados o por haber abandonado voluntariamente el país.
Esta nueva e innovadora estrategia española contra el terrorismo tiene como objetivo “…desarrollar programas integrales específicos de tratamiento y seguimiento para combatientes terroristas extranjeros retornados, con especial atención a las perspectivas de género y edad”.
La intención es apoyar los aspectos de seguridad de las políticas con las medidas necesarias para desvincular, desradicalizar, y cuando sea posible, reintegrar a los combatientes extranjeros repatriados. Esto implica involucrar a otros miembros de la familia, responder a las necesidades de salud mental, y proporcionar un bienestar material básico, a fin de impulsar el éxito de estos programas, como recomiendan diversas organizaciones internacionales, desde la misma UE y la Organización de Naciones Unidas, hasta la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización (RAN), el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Considerando la relevancia de estos temas, el mayor reto inmediato para la estrategia española es de orden legal: ha sido tremendamente difícil enjuiciar de la manera adecuada a los repatriados.
Para tratar de superar este desafío, la nueva estrategia destaca la colaboración internacional como un deber para la gestión de los repatriados. Establece como su principal objetivo la creación de “mecanismos que permitan incorporar al procedimiento judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto con las correspondientes garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en curso”.
Es por ello que el proceso judicial para llevar adelante el enjuiciamiento y encarcelamiento de estos repatriados se considera una prioridad.
En definitiva, la renovación de los métodos judiciales y penitenciarios, así como las mejoras en la política nacional sobre prevención y combate del extremismo violento y del radicalismo –lo cual comprende la actualización necesaria de las herramientas y marcos legales– es un buen comienzo. Sin embargo, aún deben abordarse y mejorarse una serie de cuestiones a fin de gestionar adecuadamente la repatriación de yihadistas a España. El seguimiento, o fase posterior, es el área principal de la política que todavía debe desarrollarse. Se necesitarán profesionales idóneos, además de la aceptación de las autoridades locales y probablemente familiares, para seguir de cerca la situación de las personas a quienes se les permite retornar a la comunidad después de pasar por programas de desvinculación y desradicalización.
