European Eye on Radicalization
Desde 2010, en que a Qatar se le adjudicó la Copa Mundial FIFA 2022, se ha desempeñado como un microcosmos de las políticas estatales abusivas, tanto locales como extranjeras, de Doha. Con el advenimiento de la crisis en torno al nuevo coronavirus (COVID-19), estas prácticas estatales podrían llevar a una inestabilidad más general.
En el ámbito externo, la Copa Mundial 2022 es notable, en primer lugar, porque Qatar ha utilizado el soborno para ganarse el derecho a patrocinar la competición: un ejemplo del empleo de su inmensa riqueza estatal para sembrar corrupción y caos en el sistema internacional, el cual se visto asimismo en Doha en su patrocinio del extremismo islámico y de grupos terroristas. Recientemente hubo nuevas revelaciones sobre ambos puntos.
Dado el prestigio de la FIFA, cuando The Times de Londres informó en marzo de 2019 que Qatar había canalizado cerca de mil millones de dólares a la FIFA de una manera que era “claramente una fractura en la propia reglamentación en contra del soborno de la FIFA”, el elemento más sorprendente para muchos fue que la FIFA tenga una reglamentación antisoborno. Lo que Qatar ha hecho, según The Times, fue utilizar el medio de comunicación controlado por el estado, el infame Al-Jazeera como estación de propaganda de extremistas islámicos y sectarios, que en varias etapas incluye a Al-Qaeda y a una plataforma permanente para la Hermandad Musulmana, como intermediario negable de pagar a la FIFA un monto excesivo por los derechos de televisión a la Copa Mundial, junto a otros 100 millones de dólares prometidos únicamente si Qatar era el patrocinador. En años posteriores, se firmó un contrato injustificadamente extenso, “poco antes de que la FIFA interrumpiera su prolongada investigación sobre la corrupción en el proceso de licitación y eliminara sus hallazgos”.
Se ha mostrado anteriormente que el representante de la FIFA en Qatar, Mohamed bin Hammam –un magnate de la construcción– en 2010 había estado distribuyendo coimas a la FIFA para influir en su decisión. Verosímilmente, Hammam fue acusado de pagar a los delegados africanos para apoyar la propuesta de Qatar para la competencia de 2022; de haber ayudado a la designación del presidente de la FIFA, Sepp Blatter, que más tarde adjudicó el certamen a Qatar; y en general”, en palabras de un observador, de “actuar como la cabeza de una organización delincuencial.
Sin dejar la materia al azar, Qatar también llevó a cabo una sofisticada campaña de “operaciones negras” para vulnerar las propuestas de sus rivales. Un requisito fundamental para una postulación a la Copa Mundial es que goce de popularidad internamente en los países que presentan su solicitud. Los rivales principales de Qatar en 2010 eran los Estados Unidos y Australia. Para desequilibrar las balanzas, Qatar reclutó a exfuncionarios de la CIA para llevar a cabo una campaña de mensajes que eliminaba el anhelo del público de Estados Unidos y Australia, al destacar todos los costos relacionados con poner en funcionamiento una Copa Mundial. El efecto de las jugarretas de Qatar parece haber sido particularmente marcado en EEUU, donde el presidente Barack Obama –entonces en la cúspide de su popularidad global– se había visto involucrado personalmente al tratar de llevar la Copa Mundial a los EEUU en 2022.
El Departamento de Justicia de EEUU finalmente oficializó este conocimiento común el 6 de abril, cuando los fiscales revelaron tres cargos que implicaban a los gobiernos de Qatar y Rusia en el pago de sobornos a los funcionarios de la FIFA. Doha rechaza estas acusaciones por supuesto.
Internamente se ha informado persistentemente acerca del maltrato y explotación de los trabajadores migrantes que están a cargo de construir la infraestructura para el torneo, pese a los argumentos del gobierno qatarí en sentido de haber resuelto este tema.
Qatar ha intentado pulir su imagen de derechos humanos internacionalmente al anunciar que a los israelíes y homosexuales se les permitirá asistir a la Copa Mundial, pese a que Doha no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel y a que la homosexualidad es ilegal bajo la forma de la ley islámica que gobierna en Qatar. Pero no puede opacar el sobrecogedor precedente de la mano de obra forzada y el tráfico humano con trabajadores inmigrantes extranjeros en Qatar, que ha dado lugar a varias docenas de muertes.
En 2015, Amnistía Internacional publicó un informe sobre las condiciones de los trabajadores inmigrantes en Qatar. Anteriormente, Amnistía había documentado la “explotación de mano de obra” sistemática en Qatar, señalando que no se pagaba a los obreros, se mantenía sus pasaportes bajo el sistema kafala de modo que no pudieran irse o tan siquiera optar por otro empleo (distorcionando así las presiones de mercado usuales que mantienen a los empleadores bajo control), de las condiciones de trabajo peligrosas, de la imposibilidad de formar sindicatos, la discriminación en el acceso al sistema de justicia, y la no aplicación de las propias leyes laborales de Qatar. En mayo de 2014, Doha argumentó que estaba implementando reformas. Para el momento de la publicación del informe de Amnistía, un año después, había “poco avance” en temas más importantes y “avance limitado” en los otros.
La situación apenas había mejorado en 2019, pese a las constantes promesas qataríes de reforma; a lo cual se añade que un nuevo informe de Sophie Cousins en Foreign Policy pone de relieve que, con el brote del coronavirus, todas las vulnerabilidades infligidas a la mayoría de los trabajadores del sur asiático en Qatar se habían magnificado. Los lugares de residencia severamente limitados de espacio de los “obreros inmigrantes” y la falta de acceso a la atención de salud, saneamiento apropiado, y alimentos nutritivos pone en peligro a un grupo de población ya de por sí muy vulnerable, escribe la señora Cousins.
El “distanciamiento social” es imposible en las condiciones en que los trabajadores inmigrantes en Qatar están obligados a vivir, descritas por Amnistía como “notoriamente atestadas”. Esta semana, The New York Times informó que, después de que las autoridades qataríes encontraron cientos de casos de coronavirus entre los obreros inmigrantes en una zona de construcción para la Copa Mundial, “Qatar encerró a decenas de miles de trabajadores inmigrantes en un vecindario abarrotado, planteado así el temor de convertirlo en un criadero de coronavirus.”
La verdadera escala de la erupción del coronavirus en Qatar es difícil de juzgar, porque, como describe la señora Cousins, no solo Doha tiene interés en subestimar la crisis, sino que los trabajadores inmigrantes no quieren someterse a la prueba de laboratorio porque si resultan positivos de COVID-19 probablemente los deportarían.
Hace dos semanas, una coalición de dieciséis organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos enviaron una carta solicitando a Qatar asegurar que los obreros inmigrantes tengan acceso apropiado y oportuno a la atención de salud, lo cual comprende pruebas de laboratorio durante la crisis del coronavirus, no solo como un asunto de derechos humanos, sino de salud pública.
El maltrato a los obreros inmigrantes en Qatar, por tanto, no es un asunto interno. Sin las pruebas de laboratorio y medidas para atacar al virus, habrá una explosión de la enfermedad entre la población inmigrante en Qatar, la cual supera a la nativa en más de siete-a-uno, y es improbable que pueda contenerse dentro de las fronteras de Qatar. El abuso a los derechos humanos por parte del gobierno de Qatar ahora corre el riesgo de desestabilizar la región.
