European Eye on Radicalization
El martes 28 de enero, las Naciones Unidas acordaron evaluar la situación de los Derechos Humanos en Turquía.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) realiza un Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de sus estados miembro con el objeto de “mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y lidiar con violaciones a los derechos humanos dondequiera que ocurran”. Este proceso comenzó el 2008. Ésta es la tercera ocasión que Turquía es evaluada – las anteriores tuvieron lugar el 2010 y el 2015 dada la preocupación por la dirección que estaba tomando dicho estado. Los relatores o troika que supervisaron la examinación de Turquía fueron Baréin, Eslovaquia y Somalia.
El EPU se basa sobre tres tipos de documentos, a saber:
“1) El Reporte Nacional — información proporcionada por el estado bajo examinación;
2) información contenida en reportes emitidos por expertos y grupos independientes en materia de derechos humanos, conocida como Procedimientos Especiales, organizaciones emergentes de tratados en derechos humanos y otras entidades de las Naciones Unidas;
3) información proporcionada por grupos de interés, incluyendo a instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.”
El Reporte Nacional de Turquía alega que el contexto de los eventos que se sucedieron en el país desde la última examinación de 2015, específicamente el “intento de golpe a gran escala, brutal y sin precedentes, organizado y perpetrado por la Organización Terrorista Fethullahist (FETÖ)” en julio del 2016, debe ser tomado en consideración, toda vez que esta fue la razón por la que se declaró estado de emergencia hasta julio de 2018, oportunidad en que éste finalizó para dar paso a una “agenda reformista”. El documento afirma que Ankara ha actuado siguiendo las recomendaciones de la última sesión en todos los aspectos, desde los derechos de los niños y tráfico de personas hasta la prohibición para que combatientes extranjeros terroristas transitaran por su territorio.
La sesión EPU comenzó con una presentación a cargo del gobierno turco, en la persona de Faruk Kaymakçı, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Kaymakçı argumentó que Turquía autorizó la presencia de inspectores de derechos humanos durante todo el tiempo que duró el estado de emergencia, demostrando apertura y compromiso por los derechos humanos aun en momentos de crisis. Kaymakçı añadió que las reformas judiciales tras el estado de emergencia ya habrían mostrado resultados, y que un nuevo paquete estaría en camino. En palabras de Kaymakçı, el estado tuco protege la libertad de sus ciudadanos conforme los estándares de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), incluyendo el derecho a la protesta. Kaymakçı concluyó diciendo que la situación de los turcos no fue “entendida adecuadamente, como tampoco recibió el apoyo adecuado de algunos … asociados”, pero Turquía continua “elevando la barra” en materia de derechos humanos y “remediando toda falla”.
No es necesario decir que estas afirmaciones fueron objeto de debate.
Antes que la EPU se llevase a cabo, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos (OIDH), un grupo dedicado al estudio de las violaciones a los derechos humanos con sede en Londres, organizó un panel enfocado en la libertad de prensa. En dicho panel, Nurcan Baysal, periodista kurdo, resaltó que “nosotros “los ciudadanos turcos) nos autocensuramos” por temor, incluso estando fuera del país. “Todo lo que declaro tiene efecto no sólo respecto a mi vida, sino además a la de mis hijos y mi familia,” añadió Baysal. En el panel participó también Yavuz Baydar, miembro del Hizmet, la hermandad islamista liderada por Fethullah Gülen, imam con sede en Pensilvania, quien declaró: “Ningún estado o potencia puede decidir quién es periodista. Esa es atribución de las organizaciones profesionales y debe mantenerse siempre separada del poder”. El gobierno turco acusa a los gülenistas de estar detrás del intento de golpe de 2016.
En la sesión EPU, respondiendo al informe de Turquía, algunos estados – como Qatar y Venezuela – se mostraron por lo general solidarios, La mayoría fue crítica respecto al Poder Judicial turco, recomendando más revisiones para asegurar una adecuada independencia ante las presiones políticas, así como también para evitar procesamientos arbitrarios, y se manifestó especial preocupación por la erosión de los derechos de las mujeres. Países occidentales desde Australia hasta Irlanda reiteraron su reclamo ante la supresión de la libertad e expresión por parte del Poder Judicial turco, y de igual forma lo hicieron casi todas las otras delegaciones.
Armenia hizo presente el problema de los discursos de odio racistas contra cristianos armenios, kurdos y roma (vulgarmente llamados gitanos) en Turquía, además de la continua falla de Turquía en proporcionar información sobre personas desaparecidas en Chipre. Irak tocó el tema del respeto que Turquía debería guardar hacia las fronteras con otros países, cosa que también hizo Siria, que además acusó a Turquía de apoyar a terroristas en su territorio.
Las recomendaciones del Reino Unido indicaron que Turquía debía trabajar mucho para prevenir el matrimonio de menores y reformar su Poder Judicial para proteger los derechos más básicos, entre ellos la libertad de prensa. Los EE.UU. se mostraron de acuerdo en que la situación judicial y las leyes contra el terrorismo en su forma actual constituirían una amenaza para la libertad de expresión en Turquía, añadiendo que las “detenciones arbitrarias” contra periodistas y otros opositores al régimen continúan, como ser entre las minorías religiosas.
En otras participaciones, Armenia y Bosnia hicieron eco de Reino Unido y de los EE.UU. en cuanto a llamar la atención sobre las continuas amenazas a la libertad de expresión en Turquía y el uso de discursos de odio contra la minorías, que atenta el principio de igualdad. Croacia, Haití, India, Japón y Kirguistán hicieron hincapié en el problema de las mujeres en Turquía, dada la discriminación de género. Canadá y Malta se mostraron especialmente preocupados por la situación de los homosexuales en Turquía, haciendo notar que los eventos del orgullo gay han sido prohibidos durante los últimos cinco años.
