Mientras que el Estado Islámico perdió a su líder supremo Abu Bakr al-Baghdadi y está al borde de renovar la cadena de mando, la comunidad internacional se encuentra ahora enfrentando un problema complejo: cómo abordar los crímenes cometidos por ISIS con el objetivo a largo plazo de promover una transición política local. También tiene que lidiar con las repercusiones de una ofensiva turca contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria. Aparte de haber sido criticado severamente por varias razones con importantes consecuencias geopolíticas, el ataque ha abierto el camino para nuevos y peligrosos escenarios. Inmediatamente después del bombardeo turco, al menos 750 personas cercanas al Estado Islámico huyeron del campamento para desplazados en Ain Issa. En ese momento, un oficial de alto rango del campamento, Jelal Ayaf advirtió que “células durmientes” habían emergido durante los disturbios, lo cual representa un serio peligro de futuros ataques en Siria y en el extranjero. Además, Turquía empezó a enviar algunos “combatientes terroristas extranjeros” de vuelta a casa, alarmando a los países europeos.
Balance de Poderes
En este contexto, dos exigencias principales están convergiendo hacia el mismo punto: en primer lugar, la urgencia de asegurar todos los puntos de acceso a Europa contra la infiltración de combatientes o terroristas potenciales, también tomando en cuenta el lidiar con Turquía, en segundo lugar, la necesidad de llevar a los perpetradores de crímenes atroces ante la justicia. Con respecto al primer asunto, vale la pena señalar que, pese a la amenaza turca de enviar 3.6 millones de sirios a Europa, la investigadora de la ONU Carla Del Ponte condenó firmemente la invasión turca, etiquetándola como un crimen de guerra. Turquía es la principal puerta de entrada a Europa y es el eje de un delicado balance geopolítico, por lo tanto, sus peticiones no pueden simplemente ser ignoradas. Al mismo tiempo, tras el acuerdo entre Turquía, Rusia y Siria y la retirada de las tropas de Estados Unidos del noreste de Siria, una voluntad política internacional seria y unánime sobre alternativas jurisdiccionales sería difícil de lograr. Por otra parte, la hostilidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad hacia la Corte Penal Internacional, combinada con todas las implicaciones que estos poderes tienen dentro del conflicto, excluyen la posibilidad de abordar estos crímenes ante la corte por el momento.
Un intrincado rompecabezas legal
A pesar del punto muerto legal con respecto a la calificación de combatientes terroristas extranjeros, especialmente en lo que se refiere a la Resolución del Consejo de Seguridad 2178/2014 y su consecuente libertad otorgada a estados para implementar los elementos operativos, los principales actores políticos acordaron interponer acciones judiciales por los crímenes que han sido cometidos por miembros de ISIS. Varias soluciones han sido contempladas, pero ninguna parece completamente satisfactoria. El proceso penal en el norte de Siria e Irak podría discutirse en un foro loci delicti, en la CPI, en tribunales internacionales o híbridos, o los sospechosos podrían ser deportados a terceros países.1 Cada una de estas opciones ofrece ventajas y deficiencias.
En cuanto al enjuiciamiento en Irak y el norte de Siria, debe señalarse que Irak ya ha sentenciado a muerte a miles de combatientes, siendo un perjuicio significativo a la imparcialidad de los juicios y la participación de las víctimas. Por ejemplo, tal como ha sido recalcado por varios reportes, alrededor de once ciudadanos franceses han sido transferidos a Irak para ser enjuiciados bajo las leyes contraterroristas del estado, sin ningún tipo de garantía judicial. Es más, desde que Francia, así como otros países occidentales, ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que busca la abolición de la pena de muerte, la elección de abandonar a sus ciudadanos tiene consecuencias importantes. Asimismo, si se podría demostrar el involucramiento de Francia en la trasferencia de sospechosos de ISIS desde Siria a Irak, esto constituiría una seria violación del derecho internacional. Sin embargo, vale la pena enfatizar que no hay obligaciones para los estados de intervenir en caso de violaciones de derechos humanos. No obstante, la inacción en estos casos tendría consecuencias morales y éticas y constituiría un significativo paso atrás para fortalecer los derechos humanos.
El Destino de los Combatientes Terroristas Extranjeros
Con respecto a la situación en Siria, la Agencia de Asuntos Exteriores AANES documentó la presencia de alrededor de 11.000 antiguos miembros de ISIS, así como 72.000 mujeres y niños bajo el control de la Administración Autónoma de Siria. A pesar de las dificultades para lidiar con la situación postconflicto en el área, las organizaciones internacionales de derechos humanos reconocieron la satisfacción de derechos humanos básicos. Contextualmente, la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas 2379/2017 estableció un equipo de investigación llamado UNITAD con la tarea de recolectar cualquier clase de evidencia sobre atrocidades cometidas por ISIS hacia la minoría yazidí en Irak, por crímenes cometidos en Mosul y por la “Masacre de Speicher”. Aunque el mandato de UNITAD tiene por objetivo apoyar al gobierno iraquí al proporcionar asistencia técnica, uno podría argumentar que la evidencia proporcionada por UNITAD eventualmente podría llevar a la aplicación de pena capital. Otro aspecto que podría estar sujeto a la crítica es el intento de construir un mecanismo selectivo de justicia adaptado solamente a los crímenes de ISIS, mientras se descartan las numerosas atrocidades cometidas por el régimen sirio, de modo que se amplifica la estigmatización hacia ciertos tipos de individuos y se obstaculiza el proceso de recuperación.
Se estima que alrededor de 14.500 sospechosos extranjeros de ISIS y parientes, incluyendo combatientes, mujeres y niños, están en custodia en el noreste de Siria, esperando para ser repatriados. Debido a este hecho, el tema de la repatriación ha sido discutido ampliamente por la comunidad internacional, registrando posiciones discordantes de los países involucrados. A pesar de que las Fuerzas Democráticas Sirias expresaron repetidamente la urgencia de enfrentar la crisis en el Campamento Hol, el llamado de ayuda ha quedado principalmente sin respuesta.
Países como Marruecos, Malasia, Kosovo y Sudán se manifestaron en favor de repatriar a todos sus ciudadanos, independientemente de su estado. Estados como los Estados Unidos y Canadá subrayaron la importancia de la repatriación de combatientes para enjuiciarlos en sus países. Una de las opciones contempladas por los representantes de Estados Unidos es enviar a los combatientes extranjeros a la prisión militar en la Bahía de Guantánamo, ampliamente conocida por sus crasas violaciones a los derechos humanos.
Para confirmar si las hipótesis de las repatriaciones serían deseables, deben considerarse caso por caso, evaluando la situación concreta, mientras se garantiza el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Ciertamente, la tan llamada “teoría Feindstrafrecht”, conocida como el “derecho penal del enemigo” y que se basa en la restricción de derechos fundamentales de los sospechosos, debería ser condenada universalmente como una contradicción inherente.2
Otros países tales como Francia, Holanda, Suecia, Bélgica, Australia y Finlandia expresaron la voluntad para repatriar solamente a mujeres y niños, aunque bajo circunstancias legales y fácticas particulares. Mientras tanto, el Reino Unido se opone fuertemente a la repatriación de cualquier afiliado de ISIS, amenazando con despojarlos de su ciudadanía, a pesar de que niños huérfanos han sido recientemente rescatados de Siria por el gobierno del Reino Unido. Aunque Alemania estuvo, en principio, reticente a repatriar adultos desde Siria, una reciente orden de la corte decretó que una madre alemana y sus hijos sean transferidos de vuelta a Alemania, después de que dejaron el país en 2016 para apoyar a ISIS. Esta sentencia podría constituir un importante precedente judicial.
Reticencia hacia la repatriación
Las razones tras las posiciones negativas de los países hacia la repatriación son diversas y están principalmente conectadas a consideraciones políticas y limitaciones judiciales objetivas. Ante todo, algunos países se han quejado de la insuficiencia de evidencia en relación a sospechosos y de la falta de cooperación judicial necesaria por parte de terceros. Considerando la fragmentación del conflicto y la multitud de actores involucrados, esta reticencia tiene una base clara. En segundo lugar, por motivos políticos, las repatriaciones podrían ser percibidas como un tipo de “salvoconducto” para individuos que decidieron voluntariamente unirse a ISIS, con un efecto influyente en la opinión pública. Hoy en día, los gobiernos tienden a adoptar medidas simplistas para satisfacer la vox populi, con el propósito retórico de ofrecer protección social y así incrementar el consenso.
Soluciones Judiciales Internacionales
Como se mencionó anteriormente, es improbable que los crímenes de ISIS sean llevados ante la Corte Penal Internacional. Siria no es parte del Estatuto de Roma y por lo tanto una Resolución del Consejo de Seguridad sería necesaria para llevar el conflicto sirio ante la corte. Ya que las investigaciones en Siria abarcarían investigaciones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el Régimen de Assad, Rusia y China usarán sus poderes para vetar de modo que impidan que esto suceda. Incluso si individuos de estados miembros de la Corte Penal Internacional fueran enjuiciados por crímenes que hayan cometido en relación a la guerra en Siria, la corte solamente podría lidiar con genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos de manera típica por miembros de alto rango, y no por simples soldados y afiliados que están bajo sospecha de haber tomado parte en una organización terrorista.
Por lo tanto, una situación más adecuada podría ser establecer un tribunal ad hoc en el norte de Siria o Irak, siguiendo el modelo de ICTY e ICTR. Las ventajas de tal enfoque serían la intensa cooperación con cortes nacionales; la proximidad geográfica a los crímenes; y por consiguiente, un involucramiento más sencillo de las víctimas y los testigos en el proceso judicial. Si un consenso así fuera a ser alcanzado a nivel internacional por medio de una resolución del Consejo de Seguridad o por medio de la Asamblea General de la Unión Europea, esto podría ser un importante paso hacia delante para lidiar con estos crímenes.
Sin lugar a dudas, los retos son muchos y debe existir una clara voluntad política internacional para abordar imparcial y transversalmente todos los problemas legales en discusión. Sin embargo, en este punto, esta meta parece estar lejos de ser alcanzada, desafortunadamente.
Referencias
1 Cfr. Rojava Information Center, Bringing Isis to Justice, towards an International Tribunal In North East-Syria, March 2019; Impunity Watch, Isis-only Tribunal: selective, politicised justice will do more harm than good, October 2019; European Council on Foreign Relations, Beyond good and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home, October 2019.
2 Jakobs G., Burgerstrafrecht und Feindstrafrecht, in Foundations and Limits of Criminal Law and Criminal Procedure, Taipei, 2003.
