Liam Duffy, investigador de extremismo en CIVITAS (Instituto para el Estudio de la Sociedad Civil) en Londres
La disputa en torno a la evaluación independiente de la línea de Prevent en la Estrategia Global contra el terrorismo del gobierno británico, conocida como CONTEST, estaba en camino de resultar divertida.
Los sospechosos de siempre en el “grupo de presión para Entorpecer Prevent”, que han liderado la petición de una evaluación, siempre estarían dispuestos a montar un numerito si sus candidatos preferidos no fueran seleccionados para llevarla a cabo. Es decepcionante, entonces, que su reacción al nombramiento de Lord Carlile como Evaluador Independiente del programa Prevent haya sido tan predecible.
Para alguien vagamente familiar con el mundo de la política en contra del terrorismo, el nombramiento de Lord Carlile es una obviedad. Frente a un hombre que durante diez años sirvió como evaluador independiente de la legislación sobre terrorismo, solo unos cuantos estarían mejor calificados para dirigir esa evaluación. Eso explica por qué la noticia ha resultado tan poco controvertida más allá de los sospechosos de siempre.
Los grupos para quienes atacar y desacreditar el trabajo en contra del terrorismo y del extremismo es su raison d’etre evidentemente estaban radiantes. Uno de estos grupos, CAGE, ha defendido reiteradamente y representado a conocidos extremistas y terroristas y demandado la abrogación de toda legislación en contra del terrorismo introducida desde el 9/11.
La gran controversia de la estrategia Prevent es que ofrece a las personas una “vía de salida” antes de que sea demasiado tarde, si se están involucrando en terrorismo. Al brindar a las personas la opción de no echar a perder sus vidas y las vidas de otras incontables personas sin criminalizarlos es algo perfectamente saludable y legítimo para un estado democrático y, en circunstancias normales, sería categóricamente aplaudido.
Pero Prevent se ha convertido en un campo de batalla para extremistas disfrazados de defensores de los derechos humanos, que buscan sabotear los esfuerzos de Gran Bretaña por combatir el terrorismo. Sus demandas para que Prevent sea desechado han dado lugar a una evaluación independiente y al posterior nombramiento de Lord Carlile.
De modo que, mientras el ministerio del interior era acusado de enmascarar la evaluación incluso antes de su inicio, los que blanquean y minimizan la amenaza inminente y más presente que nunca del terrorismo difícilmente pueden considerarse interlocutores sinceros y de buena fe en nuestra respuesta colectiva al terrorismo.
La conservadora baronesa Sayeeda Warsi se apresuró a responder al anuncio, cuando se dirigió a sus 150.000 seguidores en Twitter, señalando que Lord Carlile no tiene la “confianza de las comunidades que son blanco de los excesos y errores de Prevent”.
Tomando en cuenta el promedio de hombres o mujeres de la calle que probablemente nunca escucharon hablar de Prevent, y que muchos de los “excesos” de Prevent, en el mejor de los casos resultaron engañosos y con frecuencia inventados, el aspecto que tendrían esos niveles de confianza es cuestionable, si tan solo serían probables.
Por otra parte, los argumentos según los cuales cualquiera tiene la confianza de/ o puede hablar por una comunidad deben tratarse con mucho recelo.
En primer lugar, ¿queremos un experto legal versado en legislación en contra del terrorismo (guardabarrera) o portavoces para realizar tan importante evaluación?
En segundo, ¿es tan siquiera posible “representar” a una comunidad, especialmente si es tan diversa y multifacética como la población musulmana en Gran Bretaña? De hecho, para varios grupos islamistas británicos, la “confianza de las comunidades musulmanas” es algo que ellos (y solo ellos) pueden reivindicar.
Warsi criticó asimismo a Lord Carlile por defender a Prevent anteriormente, argumentando que eso era una evidencia de su falta de independencia. Por supuesto que no sería sorprendente que alguien con ese historial en contraterrorismo haya comentado sobre el de más dominio público de la política en contra del terrorismo, pero también es difícil ver que el grupo de presión en contra de Prevent habría aceptado a alguien que en todo caso no está dispuesto a acabar abiertamente con Prevent –tal postura por supuesto que para los críticos es independencia.
Como era de prever, la siguiente etapa fue de acusaciones de islamofobia. Lord Carlile había trabajado anteriormente con Policy Exchange para rechazar la propuesta de los APPG (all-party parliamentary group) sobre la definición de islamofobia presentada sobre los musulmanes británicos –algo en lo que la propia Warsi estaba firmemente involucrada.
Si la baronesa Warsi desea que la gente tome en serio su definición de islamofobia, es posible que tenga que dejar de tomar a la ligera las acusaciones en contra de quienes claramente no son aplicables. En lugar de utilizarse para proteger a los musulmanes en pueblos y ciudades de todo el Reino Unido con sus comprensibles temores, la acusación se despliega una vez más en contra de los grupos de expertos, periodistas, e historiadores que se atreven a desafiar una narrativa del Islam cuidadosamente seleccionada.
Una coalición de diez organizaciones publicó un enunciado conjunto argumentando que el nombramiento había socavado la “integridad y credibilidad desde el comienzo”. Pero, una rápida mirada a los grupos de la coalición muestra nuevamente las preferencias de CAGE y Mend –que no se destacan por su credibilidad o integridad sobre el extremismo– y organizaciones como Just Yorkshire.
Anteriormente, Just Yorkshire publicó un informe plagado de deficiencias sobre la estrategia Prevent y criticó su apoyo a la revista Charlie Hebdo, luego del atentado terrorista de enero de 2015, señalando que se atribuye “valores de libertad por alguna noción mítica de superioridad moral occidental”.
Un portavoz de Liberty, por su parte, refiriéndose al nombramiento señaló: “La estrategia de Prevent coarta la libertad de expresión, incentiva la discriminación y presiona a los trabajadores del sector público a convertirse involuntariamente en agentes de la policía y servicios de seguridad. Ha causado un daño incalculable a las comunidades a las cuales está dirigida.”
En otras palabras, en la misma medida que podrían protestar en contra del nombramiento de Lord Carlile por considerarlo parcializado, no es que esta coalición persiga un examen equilibrado de los esfuerzos del gobierno por combatir la radicalización. Más bien pretende socavar y finalmente destruir la estrategia de Prevent.
Estos son algunos de los pequeños grupos cuyo activismo e historia de amedrentamiento aseguran con tanto éxito que las palabras “estrategia de Prevent” invariablemente están precedidas por el término “controvertido” en la cobertura de prensa. Esto es vergonzoso y ya es hora de que los periodistas verifiquen los antecedentes más básicos sobre estas críticas al imprimir sus temas de debate sin cuestionarlos.
Al nombrar a Lord Carlile de Berriew QC, el gobierno seleccionó a un profesional y forense sumamente calificado para la imponente tarea de evaluar una pieza muy vilipendiada y malentendida del rompecabezas en los esfuerzos del Reino Unido por combatir el terrorismo. Pero, sobretodo, el gobierno no ha cometido la insensatez de intentar apaciguar a la gente que no puede ser apaciguada. Sería importante tener esto en mente cuando finalmente se publique la evaluación.
European Eye on Radicalización tiene el propósito de publicar una diversidad de perspectivas y en tal sentido no refrenda las opiniones expresadas por sus colaboradores. Los puntos de vista de este artículo representan únicamente a su autor.
