Nima Khorrami
La estrategia de Suecia para contrarrestar y desradicalizar se origina en los intentos anteriores por enfrentar a los movimientos de ultraderecha y de ultraizquierda, con la convicción de que el extremismo con motivación política facilita y frecuentemente conduce a actos violentos. En cambio, se presume que el radicalismo es causado por la segregación socioeconómica, la pobreza, falta de integración, y ambientes inestables en el hogar, al igual que prácticas discriminatorias y racistas por parte de la población nativa. Estos factores tienen lugar en varias combinaciones que se entrelazan y alimentan mutuamente para crear angustia existencial. Es más, tiene un triple objetivo: prevenir, invalidar, y proteger, en tres estratos conectados entre sí y coordinados desde el ámbito central –local, regional y nacional– por un grupo amplio de instituciones, actores gubernamentales y no gubernamentales; entre ellos la policía y las fuerzas de inteligencia, educadores, profesores, voluntarios de la comunidad y/o activistas, así como organizaciones de la sociedad civil. Por último, la estrategia en su conjunto se ejecuta en tres frentes: criminológico, pedagógico y de cooperación intranórdica.
Como sus contrapartes nórdicas y de otros países europeos, desde mediados de la década de 2000, Suecia ha introducido una serie de nuevas políticas y medidas destinadas a prevenir el extremismo violento (PVE, por su sigla en inglés). Dada su larga historia de prevención efectiva del crimen (CP, por su sigla en inglés), la cual es evidente al tener una de las tasas más bajas de homicidios, y entre las más bajas dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la PVE sueca se apoya en gran medida en la experiencia y experticia del país en CP violento, pese a que el gobierno aborda el marco para el crimen de manera separada del marco del extremismo violento. Esto se debe a que existen importantes solapamientos entre criminalidad y extremismo y a que los ministerios y entidades implicadas pueden tanto perfilar su trabajo como ganar mayor comprensión global de las causas subyacentes y de los catalizadores del extremismo, estudiando el cinturón transitorio que los une.
Aparte del bien conocido nexo entre prisión y extremismo, los profesionales y analistas suecos en general consideran que las personas con un pasado criminal son más propensas a actos de extremismo violento inspirados en la religión, como una forma de redención de sus pecados pasados. La cooperación táctica entre sindicados criminales y grupos extremistas por razones financieras es otra justificación que se menciona con frecuencia para fusionar marcos de CP y PVE con propósitos operativos si no administrativos. Cabe observar, sin embargo, que hay menos énfasis en el papel de las prisiones y el vínculo entre el mundo criminal y el extremismo violento en la PVE sueca, si se compara con la PVE de los otros cuatro estados nórdicos, especialmente con Dinamarca.
Bajo la autoridad y directriz del Ministerio de Justicia, el Centro Nacional contra el Extremismo Violento (NC, por su sigla en inglés) tiene la responsabilidad de asegurar cooperación entre actores locales, regionales y nacionales relevantes, por medio de la preparación de estrategias cohesivas, que luego son implementadas por las alcaldías en el ámbito local y de la ciudad o los consejos del condado en el regional. En la práctica, sin embargo, el grado de autonomía para los municipios y condados varía de acuerdo al tamaño de la población radicalizada. Por ejemplo, el condado de la ciudad de Gotemburgo o el municipio de Örebro tienen más autonomía y presupuestos para iniciar sus propios programas (o ajustar las iniciativas solicitadas en el ámbito central), pues poseen un número considerable de residentes radicalizados. Pero, por regla general, los consejos administrativos de cantón son los responsables de coordinar la prevención del crimen local en los municipios, mientras que la policía lo es en el ámbito regional.
Es más, ha habido una estrecha relación de trabajo entre varios organismos gubernamentales y sus contrapartes en otros países nórdicos que, aunque en grados distintos, se han enfrentado con problemas similares, y por tanto ofrecen experiencias e ideas de las cuales Suecia puede aprender. Un ejemplo ilustrativo es la reacción frente al ataque terrorista de 2017 en Estocolmo: Suecia parece haber seguido la pauta danesa de introducir medidas más duras que criminalicen tanto el apoyo a organizaciones terroristas como el traslado a países donde tales grupos son conocidos por su fuerte presencia. Es más, se introdujeron medidas estrictas respecto al derecho a un nuevo pasaporte, al igual que mayores inspecciones a personas consideradas una posible amenaza.
Más importante aún han sido una mayor interrelación ministerial tanto bilateral como multilateralmente que ha tenido lugar durante los últimos dos años. Esto ha permitido decisiones políticas afines clave que se discuten de manera más regular y coordinada en la lucha contra el terrorismo y la desradicalización, al tener mayor acceso a información en los niveles más altos de gobierno. Multilateralmente, hay un renovado enfoque en la cooperación institucional dentro del Consejo Nórdico, si bien todavía está en una fase temprana y el avance se ha dado en una forma típicamente escandinava, es decir sumamente lenta. La Red Nórdica para la Prevención del Extremismo, establecida en 2015, y la reunión anual de Nordic Safe Cities (Ciudades Nórdicas Seguras) son dos recordatorios de esta tendencia.
La columna vertebral de la estrategia sueca yace en sus elementos pedagógicos, los cuales se apoyan en las escuelas públicas y organizaciones de la sociedad civil como Fryshuset. Pero, una vez más, las agendas son establecidas, coordinadas y monitoreadas en el ámbito central, a través del NC, que delega las tareas de implementación y supervisión a las municipalidades y condados.
La herramienta diseñada por la NC, denominada Conversation Compass (Compás de Conversación, CC, por su sigla en inglés) es de primordial importancia en el lado del estado, que básicamente se constituye en una guía para profesores, trabajadores sociales y trabajadores jóvenes sobre los signos probables de radicalización y cómo proceder cuando estos se observan.
Consta de tres capítulos, el primero de CC especifica tres niveles de trabajo preventivo: “prevención general”, “prevención específica”, y “prevención individual”, cada uno correspondiente a un nivel asumido de prioridad.
El segundo capítulo de CC ofrece pautas para llevar a cabo las intervenciones, iniciando diálogos con personas que están en riesgo de radicalizarse, tal como se especifica en el primer capítulo. El objetivo es construir una relación de confianza que puede, a su vez, catalizar un proceso positivo de cambio.
El tercer y último capítulo explica la preparación necesaria para conducir una conversación de confianza –es decir, los atributos para establecerla, etc. Un ejemplo especifica que las partes deben sentarse al mismo nivel, de modo que pueden verse a los ojos entre ellas y explica por qué esto es importante. Igualmente, aconseja cómo ser “oyente activo” y cómo mantener una conversación fluida mientras se transmiten sentimientos de solidaridad y empatía simultáneamente. Resulta más ambiguo si se supone que esta conversación tendría lugar de manera voluntaria o si sería coercitiva para los sospechosos.
Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en estrecha colaboración con el gobierno y el NC para desarrollar una serie de programas e iniciativas destinadas a complementar los esfuerzos del estado para educar, en los valores suecos, a comunidades con una fe importada y proporcionar una ruta viable para los que han caído en el radicalismo a fin de desconectarlos. El clásico ejemplo es el programa EXIT de Fryshuset, que se inspira en el trabajo desarrollado con éxito con miembros de ultraderecha.
A quienes que se unen a EXIT se les asigna una persona de contacto, que está a su disposición 24/7, en tanto que sus familias reciben apoyo y asesoramiento continuo sobre cómo facilitar la reincorporación a la sociedad de sus parientes radicalizados. Es más, a sus miembros se los pone en contacto, y reciben orientación, de profesionales y trabajadores sociales y, de manera determinante, de disidentes –personas que han logrado separarse de movimientos extremistas, y pueden compartir sus experiencias e intercambiar pautas para evitar la tentación de volver a sus antiguos hábitos.
Fryhuset se reserva el derecho de no compartir, con las autoridades, ni registrar ninguna información acerca de las personas con quienes trabaja y sobre sus actividades pasadas. Existe un peligro moral obvio en esto, pero esa práctica también es potencialmente útil para asegurar la desconexión de algunos extremistas que de otra manera permanecerían en el movimiento para evitar un merecido castigo legal.
