Rara vez ha habido tanta divergencia entre el punto de vista de los expertos y las políticas de los Gobiernos europeos, como en el caso de los combatientes terroristas extranjeros capturados en el extranjero. Mientras que la mayoría de los expertos sostiene que lo mejor sería repatriarlos para procesarlos en sus países de origen – y casi unánimemente declaran que los hijos de estas personas deberían ser repatriados – muy pocas autoridades están dispuestas a ello. Éstos últimos parecen ceder ante la presión de la opinión pública, lo cual da lugar una política tipo “avestruz”. Centrándose en el caso belga, este artículo busca explorar cómo esta posición, más bien populista y probablemente peligrosa, tiene sus orígenes en las fallas de estas mismas autoridades.
Recientemente, el Gobierno belga dio la impresión de que comenzaría a abordar seriamente el tema de sus combatientes extranjeros capturados en Siria. Durante el debate del viernes 15 de febrero pasado, el presidente del mayor partido político – Bart De Wever del N-VA de derecha – repentinamente contempló la idea de recibirlos de regreso en el país “para evitar futuros ataques terroristas”.[1] El ministro de Justicia Koen Geens, quien tan sólo unos días antes había declarado que no existían bases de apoyo para ello, aprovechó la oportunidad y el domingo por la mañana prometió buscar una posición consensuada.[2] Sin embargo, por la noche de ese mismo día, el N-VA ya se había retractado, y para el lunes todo indicio de avance había desaparecido ante una cacofonía de diversas propuestas – desde despojar de su nacionalidad belga a los combatientes extranjeros capturados, hasta enviarlos a Irak, o establecer un Tribunal internacional para crímenes de guerra.
De acuerdo a las últimas cifras oficiales, 57 personas de Bélgica están detenidas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dominadas por los kurdos. La mayoría de ellos son menores de edad (31) y mujeres (17). Sólo ocho son varones adultos, y sólo un menor varón supera los doce años de edad, es decir el límite belga para poder ser catalogado como combatiente terrorista extranjero.[3] Debe señalarse que actualmente estos números muy probablemente hayan subido, ya que la embestida final contra el Estado Islámico (EI) en Siria ha desplazado a miles de sus seguidores fuera de su último santuario, cerca del pueblo de al-Baghouz. Asimismo, se sabe que dos combatientes extranjeros belgas se encuentran prisioneros en Irak. Uno de ellos llegó ahí tras ser remitido por las FDS a las autoridades iraquíes bajo circunstancias todavía poco claras.[4] Las autoridades belgas han identificado oficialmente a 422 nacionales o residentes como combatientes extranjeros dentro de la zona de conflicto sirio-iraquí, y entre aquellos que no regresaron o no fueron capturados, se cree que 151 se encuentran aún con vida.[5]
El debate sobre qué hacer con los combatientes extranjeros capturados en zona de guerra acecha a todos los países europeos con cantidades considerables de personas involucradas, especialmente desde que los EE.UU. anunciaran su retirada de Siria. En Irak, los sospechosos son procesados sin importar su origen, y los países de Occidente evitan interferir, demostrando estar satisfechos de que alguien más esté manejando el asunto. Las autoridades belgas solicitaron oficialmente que la pena de muerte contra uno de sus nacionales sea convertida a pena de prisión, [6] pero ello fue simplemente una formalidad. El problema principal claramente radica en el área de Siria controlada por las FDS. Éstos se niegan a procesar a quienes no son sirios, y existe el temor que no puedan o no deseen mantener en prisión a los sospechosos extranjeros una vez que los estadounidenses se hayan marchado. Si bien existen algunas excepciones, como el experto en yihad del Instituto Noruego de Investigación en Defensa Thomas Hegghammer,[7] la mayoría de los académicos recomienda recibir de regreso a estos combatientes y procesarlos en sus países, por cuestiones morales y de responsabilidad, pero también como la mejor solución para la seguridad de Occidente.[8]
En Bélgica, esta posición es compartida por al menos uno de los funcionarios de seguridad de mayor rango, tal como esta persona lo comunicó al autor en privado. Pero nada de esto se traduce en políticas al respecto. Incluso en el caso de niños, las autoridades belgas no cumplen con los principios que sostienen públicamente. En diciembre de 2017, el Gobierno resolvió que todo niño menor de 10 años tenga el derecho incondicional a retornar.[9] Toda vez que se declaró expresamente que sus padres no serían aceptados, y es claramente imposible que estos niños puedan emprender el viaje por sí solos, esta decisión del Gobierno lógicamente implica alguna forma de asistencia activa, tal como lo apunta un reconocido especialista belga en derecho internacional, el profesor Jan Wouters.[10] Pero en prácticamente todos los casos particulares surgidos desde entonces, los esfuerzos del Gobierno belga estuvieron dirigidos a mantener fuera también a los niños.
En un caso judicial sobre dos niñas, de 2 y 4 años de edad, que se encontraban atrapadas en Turquía, donde su madre había sido condenada y se hallaba en prisión luego de haberse fugado de Siria, se solicitó únicamente al Estado belga que proporcione a las menores la documentación necesaria que les permitiera viajar a Bélgica. Habiendo nacido en Siria, las niñas no contaban con documentación oficial, y no podían probar su ascendencia porque Turquía no permitía una prueba de ADN con la madre. Aun cuando miembros de la familia tomaron la iniciativa para someter a comparación el ADN de las niñas con una muestra de su abuela, y un reconocido laboratorio belga encontró una coincidencia de 99,9%, el Estado belga continuó cuestionando la ascendencia. Para ser más precisos, el Estado cuestionó la ascendencia cuando se le solicitó reconocer el derecho de las niñas a la nacionalidad belga, pero al mismo tiempo la reconoció al argumentar que las niñas eran en primer lugar argelinas, porque su madre poseía la doble nacionalidad belga-argelina y había nacido en Argelia.[11]
El Estado belga fue finalmente obligado a proporcionar los documentos, y actualmente ambas niñas se encuentran con su familia en Bélgica. Pero intentos similares por desconocer su responsabilidad rara vez son revisados por los jueces. Cuando las famosas viudas terroristas Bouchra Abouallal y Tatiana Wielandt intentaron convencer al Estado belga de repatriar a sus seis hijos desde los campos de detención en Siria, una Corte de Bruselas resolvió que no existía prueba suficiente de que los niños estuviesen en peligro. “Esa afirmación se basa únicamente en reportes periodísticos, que no son confiables”, declaraba de manera tajante la resolución escrita de la Corte.[12] También es cierto que las historias más alarmantes sobre niños muriendo en los campos no habían salido a la luz en ese entonces. Pero cuando se encomienda a una Corte la evaluación del bienestar de los niños, donde es ampliamente aceptado que el principio de prudencia debería prevalecer, ésta debería trasladarse para investigar la situación por sí misma, o aceptar la posibilidad que los informes periodísticos no probados puedan ser correctos. En diciembre del año pasado, un juez ordenó a Bélgica permitir activamente la repatriación, pero en febrero esa resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Bruselas.[13]
La falta de voluntad política para traer de regreso a los combatientes extranjeros, pareciera ser un sometimiento al sentimiento popular en Bélgica. De acuerdo a una encuesta reciente, más del 40% de los belgas no quiere ver de regreso ni siquiera a los niños.[14] En las redes sociales, todo filtro inhibitorio desaparece cuando el tema es sometido a discusión. En un país lejos de ser conocido por expresarse sin tapujos, es alarmante que alguien escriba: “Déjenlos morir bajo tortura, y dejen que dure un buen rato”[15] o “deberían ejecutarse incluso a los abogados que defienden a estas personas”.[16] Con una elección general dentro de tan sólo unos meses, las posibilidades que el punto de vista de los expertos se imponga sobre una aproximación populista son casi nulas en el futuro cercano. En defensa de esta opinión pública desconfiada, debe mencionarse que Bélgica hasta ahora no ha podido crear el contexto adecuado para políticas más pragmáticas. Si un país desea convencer a sus habitantes que recibir a personas potencialmente peligrosas es la mejor opción en términos de seguridad, debe asegurarse que la gente pueda confiar en que el Estado contendrá los riesgos.
Bélgica ya ha sido golpeada por el caso de un autoproclamado decapitador que pudo salir caminando de la Corte tras ser sentenciado a cinco años de prisión, sólo porque el juez no actuó con la debida diligencia para ordenar su detención inmediata tal como lo había solicitado el fiscal.[17] Y uno de los reclutadores de yihadistas más conocidos del país, Jean-Louis Denis, recobró su libertad incondicional en diciembre luego que su condena en primera instancia a diez años de prisión fuese revocada tras una apelación. Este sujeto estuvo involucrado en el traslado de al menos cincuenta personas hacia la zona de guerra en Siria [18], y tras su liberación declaró que las medidas de desradicalización en prisión son una forma de “tortura psicológica que sólo fortalecen las creencias”.[19] Por lo tanto, no es de extrañar que la población belga no se sienta completamente a gusto con la idea de que sus combatientes extranjeros, endurecidos por la guerra, regresen a casa. Para conseguir que su regreso controlado resulte políticamente factible, se necesita mucha más seguridad.
El Poder Judicial belga ya ha llegado lejos, especialmente en comparación con otros países, procesando a combatientes extranjeros que aún se encuentran en el campo de batalla. Esta estrategia tenía por objetivo asegurar que estos combatientes pudiesen ser fácilmente detenidos si retornaban, y en el mismo momento en que lo hiciesen. Pero como la mayoría de estos juicios dependía de un número limitado de pruebas y sólo apuntaban a condenas aplicables de forma general, como por ejemplo ser miembro de un grupo terrorista, todo indica ahora que esta estrategia ha resultado contraproducente. Cifras recientemente reveladas por el ministro de Justicia Koen Geens indican que de veintiséis combatientes extranjeros actualmente detenidos en Siria, ocho ya han sido juzgados en ausencia por Cortes belgas. Uno de ellos fue condenado y sentenciado a quince años de prisión por liderar una organización terrorista, mientras que los otros obtuvieron sentencias de cinco años como participantes.[20] Todas éstas son las penas mínimas posibles.[21] En Francia, la pena de prisión promedio para veinte combatientes extranjeros que fueron juzgados en ausencia durante la segunda mitad de 2018 fue de dieciocho años [22], y en los EE.UU. la pena por un intento fallido de salir del país para unirse a un grupo terrorista puede ser de hasta treinta años de prisión.[23]
El ministro de Justicia Geens ha subrayado que los combatientes extranjeros condenados pueden ser acusados de cargos adicionales si existen nuevos hechos, y cuando éstos salgan a la luz. “Entonces sería incluso posible que sean condenados a cadena perpetua”, declaró [24]. Pero cuando un combatiente extranjero originario de Amberes, condenado en 2015 y sentenciado a cinco años de prisión por participar en un grupo terrorista, fue juzgado el año pasado por tramar un ataque en suelo belga, tan sólo fue condenado a una pena de cinco años. En ambos casos fue juzgado en ausencia y, en vista que fingió su muerte el verano pasado, existe el temor que todavía esté involucrado en algún plan terrorista.[25] Obviamente, la prisión no es ninguna panacea, ya que la radicalización puede surgir tras las rejas más fácilmente que fuera de prisión. Resulta revelador que el veterano oficial de seguridad citado precedentemente, haya declarado al autor que “tendremos que ir encontrando formas para mantenerlos fuera de prisión” refiriéndose a los combatientes que retornan. Pero hasta que encontremos una mejor solución – la simple desvinculación de la yihad violenta, un paso previo a la desradicalización, es inmensamente difícil de conseguir – la prisión parece ser la única manera de proteger a la sociedad.
Si bien es evidente que cada caso individual es diferente, lo que hace que la condena de los combatientes extranjeros en ausencia a cinco años de prisión sea aún más cuestionable, hay razones para creer que un tiempo de prisión más prolongado puede contribuir realmente a la desvinculación. De acuerdo al profesor Andrew Silke, jefe de Criminología de la Universidad de East London, incentivos como una liberación anticipada tienen mayor posibilidad de éxito que el actual énfasis en el diálogo sobre ideología [26], y está claro que tal incentivo sólo podría funcionar si la condena es lo suficientemente severa. Existen países europeos en condiciones mucho peores, como ser Suecia, que tan sólo recientemente se movilizó para criminalizar la participación en organizaciones terroristas.[27] Pero incluso contando con todas las herramientas legales necesarias y con investigadores altamente competentes, Bélgica tiene aún mucho por delante, especialmente en lo que se refiere a convencer a sus jueces de que la amenaza terrorista no puede ser abordada del mismo modo que un delito común.
El reciente juicio relacionado con el ataque al Museo Judío en Bruselas podría ser considerado como la primera señal de avance en esta materia, con el principal acusado, Mehdi Nemmouche, sentenciado a cadena perpetua y a su cómplice, Nacer Bendrer, condenado a quince años de prisión.[28] No obstante, el juicio expuso uno los puntos más débiles de la lucha de Bélgica contra el yihadismo. La acusación fue llevada como un caso de homicidio ordinario, prestando poca atención al hecho de que formaba parte de un plan mucho más grande del Estado Islámico que culminó en los ataques en Paris en noviembre de 2015 y en Bruselas en marzo de 2016. Mientras que pocas personas reprocharán las condenas impuestas, las Cortes sólo castigaron los actos cometidos. Éste es el primer objetivo de la justicia, y luego, procesar las intenciones de los sospechosos debe hacerse con sumo cuidado. Pero ante la amenaza de terrorismo, el Poder Judicial debería reconocer que también tiene el rol de proteger a la sociedad, y aún existe un vacío legal a cubrir si se requiere que cuatro personas deban ser asesinadas antes que un terrorista pueda ser aislado de los inocentes cuyas vidas son el objetivo mismo de su organización terrorista.
[1] Maertens, Y., 15 de febrero de 2019.
[2] Huyghebaert, P., 17 febrero de 2019.
[3] Het Laatste Nieuws, 21 de febrero de 2019.
[4] Van Wilgenburg, W., 13 de enero de 2019.
[5] Informado al autor por la Unidad de Coordinación para Análisis de Amenazas (Coordination Unit for Threat Assessment o CUTA por sus siglas en inglés) en enero de 2019
[6] Het Laatste Nieuws, 22 de mayo de 2018.
[7] Hegghammer, T., 15 de febrero de 2019.
[8] Véase, por ejemplo Mehra, T. & Paulussen, C., 6 de marzo de 2019; y Renard, T. & Malet, D., 7 de marzo de 2019. También son reveladoras las opiniones de los sirios que sufrieron bajo el dominio de estos combatientes extranjeros. (Alhamza, A., 14 de marzo de 2019) y los ex combatientes terroristas extranjeros mismos (Viñas, B.N., 4 de marzo de 2019).
[9] De Bisschop, N., 22 de diciembre de 2017.
[10] De Roy, L., 28 de diciembre de 2017.
[11] Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 19 de diciembre de 2018
[12] Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 19 de diciembre de 2018
[13] Reuters, 27 de febrero de 2019.
[14] De Standaard, 18 de diciembre de 2018.
[15] Twitter, 7 de marzo de 2019.
[16] Twitter, 19 de febrero de 2019.
[17] Van Vlierden, G., 9 de mayo de 2016.
[18] Van Ostaeyen, P., junio de 2016.
[19] RTBF, 8 de diciembre de 2018.
[20] Het Laatste Nieuws, 21 de febrero de 2019.
[21] Los miembros de grupos terroristas pueden recibir condenas de 5 a 10 años de prisión, y los líderes de 15 a 20 años Véase por ejemplo.
[22] Centre d’Analyse du Terrorisme, 29 de enero de 2019.
[23] Berkell, K., 2017.
[24] Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Informe integrado de la Comisión de Justicia, 20 de febrero de 2019, pp. 1-2.
[25] Het Laatste Nieuws, 12 de marzo 2019.
[26] Silke, A., enero de 2011.
[27] The Local, 28 de febrero de 2019.
[28] British Broadcasting Corporation, 12 de marzo de 2019.
