European Eye on Radicalization
Shamima Begum se convirtió en noticia internacional en febrero de 2015 como parte de las “Chicas Bethanl Green”, tres adolescentes de Londres que abandonaron Reino Unido para unirse al Estado Islámico (ISIS). Casi exactamente cuatro años después, Begum fue descubierta al este de Siria, cuando huía de lo que restaba del “califato” de ISIS. Una tormenta se desató en Reino Unido al sugerirse que debía permitirse a Begum regresar y tan sólo días más tarde Begum fue despojada de su nacionalidad por el Ministro del Interior Sajid Javid, levantando una serie de incómodos problemas morales, legales y políticos que han acosado el ámbito político británico en torno al tema de combatientes terroristas extranjeros (CTE).
Begum ayudó a plantear un clima decididamente en su contra cuando empezó a otorgar entrevistas a los medios. Ella no mostró ningún arrepentimiento ideológico, declarando que “no tenía ningún problema” con las decapitaciones y el califato fue “bueno”, un lugar donde “uno puede … hacer de todo. Uno está viviendo bajo la Ley Islámica”, aun cuando posteriormente cayó en el caos y la corrupción, bajo la presión de la campaña militar en su contra. En un momento que encendió las redes sociales, Begum declaró: “[Javid] no tiene pruebas de que yo sea una amenaza – salvo por el hecho que estuve en ISIS. Pero eso es todo.”
Sin embargo, la verdad es que Begum plantea un caso en realidad ambiguo – bajo todo punto de vista. Begum tiene apenas 19 años y tenía sólo 15 cuando abandonó el Reino Unido. Es cierto que la mayoría de adolescentes estables por lo general se resiste a unirse a ISIS, pero el hecho que ella no fuese un adulto y que pueda afirmarse que ella fue preparada y reclutada por terroristas debería también formar parte de su evaluación. Begum ya perdió dos niños concebidos durante el tiempo que pasó en territorio controlado por ISIS, y uno más falleció la semana pasada. Más allá de la tragedia, el Estado británico tiene una responsabilidad ante estos inocentes.
Reino Unido fue uno de los pocos Estados de Europa que ejerció su potestad para despojar a terroristas de su nacionalidad desde los comienzos de la crisis en Siria. Bajo la ley internacional, las personas no pueden ser despojadas de su nacionalidad si ello las dejará apátridas. Puede argumentarse que en realidad esto – en casos que personas con doble nacionalidad están sujetas a penalidades que otras no – es poco deseable, pero se trata de una práctica establecida. Lo que sucedió con Begum fue más allá: ella fue despojada de su nacionalidad porque el Ministerio del Interior argumentó que, toda vez que su madre es nacional de Bangladesh, Begum podía en consecuencia optar por la nacionalidad bangladesí, que jamás tuvo, pues nunca visitó siquiera Bangladesh. Se trata de un nuevo, desestabilizante precedente para Reino Unido al interior – y, no es de sorprenderse, uno que fue rápidamente rechazado por Dhaka.
Los métodos más duros que Reino Unido ha implementado en un intento por evitar el regreso de los CTE’s al país, desde despojar de la nacionalidad hasta asesinatos dirigidos, obedecen en gran medida a las dimensiones del problema. Reino Unido fue víctima de uno de los primeros ataques de ISIS, ya por el 2007, antes de sufrir cuatro ataques más (con otros nueve desbaratados) tan sólo el 2017. Antes del 2016, 850 británicos se unieron a ISIS o a Al-Qaeda, cerca de un sexto de los CTE’s jihadistas europeos que marcharon hacia Siria. Más aún, Reino Unido tiene la tasa más alta de regreso de CTE’s en Europa: la mitad de los jihadistas, más de 400 de ellos, ha vuelto. Sólo Turquía, Túnez y Arabia Saudita tienen más CTE’s de retorno. Sólo 40 CTE’s británicos han sido procesados penalmente.
Una de las políticas más claras sobre CTE’s fue adoptada por Australia, que entre diciembre de 2014 y noviembre de 2017 simplemente declaró ilegal ingresar a la provincia de Raqqa “sin un propósito legítimo” y cuenta con una prohibición general respecto a proporcionar “cualquier tipo de apoyo a cualquier grupo armado en Siria”. Esto se ha traducido en que Camberra no se enfrenta a inconsistencias dentro de sus políticas como las que se encuentran en otras partes de Occidente cuando se trata de lidiar con quienes se unieron al Partido Obrero de Kurdistán (PKK), sobre el que la ley australiana es admirablemente clara. Europa ha sido de alguna manera más confusa.
En Europa ha existido un rango de respuestas a escala, desde Dinamarca en un extremo, ofreciendo apoyo para la reintegración para quienes regresan, hasta Francia en el otro, que ha estado dispuesta a permitir que sus nacionales sean juzgados en siria e Irak, claramente sólo donde un juicio justo sea posible, aunque debe mencionarse que esas probabilidades son remotas en cualquiera de esos dos países (además se ha reportado que Francia ha enviado a sus fuerza especiales a Irak para eliminar preventivamente a aquellos de sus nacionales que se habían unido a ISIS). Reino Unido cae en algún punto intermedio dentro de este rango.
Existe una ley que prohíbe ser miembro de grupos proscritos, incluyendo ISIS, pero esto ha demostrado ser difícil de poner en práctica. En vista que Reino Unido —hasta febrero— no tenía una legislación vigente similar a la de Australia, sólo probar que una persona se había trasladado voluntariamente a territorio controlado por ISIS no era suficiente. Las fuerzas de seguridad interrogan a quienes han estado en Irak y Siria, pero en la mayoría de los casos, sin una confesión o una pista dejada en redes sociales, las opciones para tratar con dichas personas son limitadas. Podrían ser enviadas a programas contra-extremistas, pero la asistencia a éstos es voluntaria. Podría colocarse también al individuo bajo vigilancia, un proceso increíblemente costoso que demanda altas horas de trabajo, requiriendo como mínimo dos docenas de agentes de inteligencia que efectúen un seguimiento las 24 horas, los siete días de la semana, sobre un solo sospechoso. Por naturaleza esto exige una priorización, y las fuerzas de seguridad no siempre escogerán correctamente.
Se procura conseguir evidencia sobre un crimen adicional – sea financiar o reclutar o participar en terrorismo mientras “se estuvo allá”, y/o planificar un ataque una vez que “se estuvo allá” – en lugar de tan sólo buena evidencia circunstancial sobre formar parte de un grupo terrorista, para lograr una sentencia condenatoria a CTE’s en Reino Unido. Tal fue el caso de Anis Sardar, un miembro de ISIS en el anterior flujo de CTE’s y fabricante confeso de la bomba en la carretera que mató el sargento Americano Randy Johnson, que luchaba contra ISIS como parte de la coalición en Irak.
Un problema adicional está en que aun en casos en que se consiguió una sentencia condenatoria, las condenas son cortas y permitir que los jihadistas ingresen al sistema carcelario puede provocar problemas en sí mismos, brindando a estos ideólogos acceso a un universo de personas sociológica y psicológicamente más receptiva a su mensaje que el individuo promedio. Esta política de atrapa y suelta estaba entre los errores más perjudiciales en Irak que permitió a ISIS renacer luego del 2007-08. En Reino Unido, el arquetipo es Anjem Choudary, un prominente partidario de ISIS y reclutador con base en Londres, que fue finalmente puesto en prisión en agosto de 2015. Apenas tres años más tarde, Choudary fue liberado. Este año, Europa liberará a más de 1.500 terroristas convictos; no es posible en sociedades libres monitorear a un grupo de gente tan vasto.
La decisión de Javid sobre Begum fue popular y en muchos sentidos ese fue el principal problema; fue sobre todo una decisión política, y una que todavía podría ser dejada sin efecto por los tribunales de justicia. Cualquiera sea la justificación por cuestiones de seguridad, el impacto de largo plazo en contra-extremismo es negativo. Desde un punto de vista más inmediato, Reino Unido tiene un deber para con sus nacionales; no puede exportar a sus renegados para que otros se hagan cargo de ellos, el tipo de política cínica que se detecta en Rusia con su “corredor verde” desde el Cáucaso hasta el Levante. El tribunal internacional sugerido tan frecuentemente es probablemente imposible de implementar: la Corte Penal Internacional (CPI) ya ha dejado claro que no tiene intenciones de juzgar CTE’s; a lo mucho la CPI procesaría cargos contra los líderes de ISIS responsables por atrocidades masivas.
Si el gobierno británico abandonase la práctica de despojar de nacionalidad, Londres no quedaría obligado a buscar proactivamente la repatriación de CTE’s. El riesgo de dejar a los CTE’s británicos bajo custodia ya sea del PKK o del gobierno iraquí está en que ello brindará a ISIS la oportunidad para liberarlos. Los riesgos con el régimen de Bashar al-Asad en Siria son todavía peores, pues Damasco libera y manipula a terroristas jihadistas como parte de su política de estado. Para aquellos CTE’s que consigan regresar a Reino Unido, una idea manejada intermitentemente es un relanzamiento de la ley contra la traición, permitiendo l imposición de condenas privativas de libertad más largas para quienes se unen a fuerzas enemigas. No pudiendo contar con un programa de desradicalización con eficacia previsible, mantener a los CTE’s de regreso bajo la mira y fuera de nuestras calles parece ser lo mejor que podemos hacer.
